Me parece que si bien es cierto que uno le coge cariño a los espacios y a lo que nos rodea, no podemos perder de perspectiva que las comunidades del caño se formaron casi forzosamente por falta de oportunidades en el campo. Para los años 1930, la agricultura estaba floja y con el proceso de industrialización bajo el programa manos a la obra hizo que decenas de miles de personas fueran a formar el Barrio Obrero. Quienes primero llegaron cogieron los mejores espacios, quienes fueron llegando más tarde, fueron cogiendo los peores lugares. No olvidemos que era un proyecto promovido por el gobierno y municipio por lo que se facilitó la construcción de residencias en lugares sin planificación alguna.
Desde el 2004, con la Ley 489 se crea la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, con el propósito de crear un Plan de Desarrollo Integral (PDI) del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y viabilizar el dragado del cuerpo de agua. Desde ese entonces, se creó el PDI con la participación de profesionales que brindaban asesoría y con el componente principal de la comunidad en todas las tomas de decisiones.
Junto con la Ley 489, se crea el Fideicomiso de la Tierra que le brinda el sentido colectivo de permanencia y que evita la expropiación de la comunidad por parte de acaparadores y privatizadores. Sin el Fideicomiso de la Tierra, gana el mercado, quien más dinero tenga para invertir, quien tenga para apostar y especular. Con el Fideicomiso, la decisión sobre el terreno es colectiva, es de la comunidad. El derecho de la superficie, le pertenece al residente, pero el derecho de la tierra, es de la comunidad. Por eso es importante defender y promover el Fideicomiso de la Tierra. Porque le da garantías a la gente de permanecer con la comunidad. El dragado y todas las gestiones de infraestructura nueva que requieren las comunidades, son las que aumentarán el valor de las comunidades así como la calidad de vida de las familias residentes.
En el proceso que requiere el dragado, construcción de infraestructura, re-diseñar y re-planificar el barrio para así convivir con el medio ambiente, respetar sus espacios, y mejorar la calidad de vida de la gente, requiere devolverle a cuerpo de agua lo que se le quitó. Para eso están los realojos, y el área de vivienda del Proyecto Enlace orienta muy bien a los residentes sobre las posibilidades. Me parece que entre ellas están: 1) permanecer en la misma comunidad; 2) irse a otra de las comunidades; 3) salir del distrito del caño. En cualquiera de las opciones, la persona re alojada tiene derecho a una vivienda igual o mejor que la anterior.
No cabe duda de que el proceso no es fácil. Mucho menos en un contexto en donde a las comunidades se le han maltratado y violentado sus derechos. Como en la actualidad que muchos residentes tienen que pasar por situaciones de salud por la cercanía con las aguas contaminadas y las inundaciones de las mismas. Es un asunto de salud, un derecho que garantizan las constituciones pero que a la hora de responder, no hay dónde acudir. En este contexto es muy probable que se desconfíen de los procesos. Pero hay que educar porque este proceso se ha llevado con mucha cautela y siempre contando con la participación de la gente.
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ResponderEliminarMe parece que si bien es cierto que uno le coge cariño a los espacios y a lo que nos rodea, no podemos perder de perspectiva que las comunidades del caño se formaron casi forzosamente por falta de oportunidades en el campo. Para los años 1930, la agricultura estaba floja y con el proceso de industrialización bajo el programa manos a la obra hizo que decenas de miles de personas fueran a formar el Barrio Obrero. Quienes primero llegaron cogieron los mejores espacios, quienes fueron llegando más tarde, fueron cogiendo los peores lugares. No olvidemos que era un proyecto promovido por el gobierno y municipio por lo que se facilitó la construcción de residencias en lugares sin planificación alguna.
Desde el 2004, con la Ley 489 se crea la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, con el propósito de crear un Plan de Desarrollo Integral (PDI) del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y viabilizar el dragado del cuerpo de agua. Desde ese entonces, se creó el PDI con la participación de profesionales que brindaban asesoría y con el componente principal de la comunidad en todas las tomas de decisiones.
Junto con la Ley 489, se crea el Fideicomiso de la Tierra que le brinda el sentido colectivo de permanencia y que evita la expropiación de la comunidad por parte de acaparadores y privatizadores. Sin el Fideicomiso de la Tierra, gana el mercado, quien más dinero tenga para invertir, quien tenga para apostar y especular. Con el Fideicomiso, la decisión sobre el terreno es colectiva, es de la comunidad. El derecho de la superficie, le pertenece al residente, pero el derecho de la tierra, es de la comunidad. Por eso es importante defender y promover el Fideicomiso de la Tierra. Porque le da garantías a la gente de permanecer con la comunidad. El dragado y todas las gestiones de infraestructura nueva que requieren las comunidades, son las que aumentarán el valor de las comunidades así como la calidad de vida de las familias residentes.
En el proceso que requiere el dragado, construcción de infraestructura, re-diseñar y re-planificar el barrio para así convivir con el medio ambiente, respetar sus espacios, y mejorar la calidad de vida de la gente, requiere devolverle a cuerpo de agua lo que se le quitó. Para eso están los realojos, y el área de vivienda del Proyecto Enlace orienta muy bien a los residentes sobre las posibilidades. Me parece que entre ellas están: 1) permanecer en la misma comunidad; 2) irse a otra de las comunidades; 3) salir del distrito del caño. En cualquiera de las opciones, la persona re alojada tiene derecho a una vivienda igual o mejor que la anterior.
No cabe duda de que el proceso no es fácil. Mucho menos en un contexto en donde a las comunidades se le han maltratado y violentado sus derechos. Como en la actualidad que muchos residentes tienen que pasar por situaciones de salud por la cercanía con las aguas contaminadas y las inundaciones de las mismas. Es un asunto de salud, un derecho que garantizan las constituciones pero que a la hora de responder, no hay dónde acudir. En este contexto es muy probable que se desconfíen de los procesos. Pero hay que educar porque este proceso se ha llevado con mucha cautela y siempre contando con la participación de la gente.
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